Cómo la inmensa mayoría de vosotros sabréis, el próximo 1 de octubre hay una convocatoria del Govern de Cataluña para la celebración de un referéndum sobre la independencia. El 1 de octubre está cada vez más cerca y la situación está llegando a límites insospechados.

El desafío independentista catalán es un conflicto demasiado complejo como para comprenderlo en su totalidad pero desde aquí se intentará hacer una reflexión lo más sensata, justa y objetiva posible del conflicto. Desde La Caja Comprometida hemos querido abordar este asunto de candente actualidad y del que no para de hablarse, con  el objetivo de analizar todo su contexto, establecer ciertas causas y claves y, por último, llevar a cabo una reflexión.

En primer lugar, lo mas adecuado en estos casos sería establecer todo el contexto del movimiento independentista catalán. Si bien históricamente siempre ha existido ese anhelo independentista, el procesó se aceleró y la deriva independentista en Cataluña comenzó hace aproximadamente siete años. Por aquel entonces, en 2010, el Tribunal Constitucional español, el mas alto tribunal del Estado, decidió suspender los puntos mas polémicos del Estatut de Autonomía de Cataluña de 2006, una norma jurídica avanzada que otorgaba mayores competencias al Govern y mediante el cual, se reconocían ciertos derechos y se le otorgaba al pueblo catalán un mayor grado de "independencia" sobre el Gobierno central. Supuso una oportunidad perdida para el pueblo catalán, sumido en un ambiente de frustración, tristeza y enfado. Con la sentencia del TC empezó todo.

A partir de los siguientes años, la ola independentista catalana empezó a convertirse en un auténtico tsunami. Cabe recordar aquellas primeras multitudinarias manifestaciones en la Diada que, año tras año, están siendo la herramienta del pueblo catalán para exigir la celebración de un referéndum y que, año tras año, están sumando cada vez más adeptos a la causa. Por aquel entonces, la idea de la celebración de una consulta para decidir el futuro de los catalanes mas allá de España ya era una realidad innegable y una exigencia de muchos catalanes.

El punto clave de este conflicto llegó el 9 de noviembre de 2014. Aquel día se celebró una consulta 'alegal' entre los ciudadanos catalanas con el fin de decidir el futuro de Cataluña: convertirse en un estado independiente o bien lograr ser reconocido como un estado no independiente. Teniendo en cuenta un censo orientativo debido a cuestiones logísticas, estaban llamados a votar más de seis millones de catalanes y la participación el 9-N fue del 37%, una cifra bastante escasa como para tomar como legítimos los resultados. El 80% de los catalanes, casi 2 millones de personas, votaron a favor de la creación de un estado independiente, mientras que el 10% votó a favor de la opción de que Cataluña se convirtiera en un estado no independiente. El 4% votó en contra de estas opciones.

La celebración de esta consulta fue la excusa perfecta para el Govern para seguir adelante con el desafío independentista. A pesar de que el Govern calificó la 'pseudo consulta' como un "éxito total", los resultados carecían de legitimidad y la participación ciudadana fue bastante escasa. Desde 2014, los acontecimientos se han ido sucediendo y acelerando. Otro de los aspectos clave en este asunto fueron la celebración de las elecciones 'plesbicitas' en Cataluña en 2015, cuyos resultados fueron los siguientes: la coalición Junts Pel Sí (ERC y PDeCat) obtuvo 62 escaños, Ciutadans 25, PSC 16, Catalunya Sí Que Es Pot 11, PP otros 11 y la CUP 10.

Actualmente, Junts Pel Sí gobierna gracias a los votos de la CUP, con quien forma el bloque independentista del Parlament. Sin embargo, ambos partidos no superan el 30% del voto total de aquellas elecciones, es decir, no representan a más del 30% de los catalanes. Hay que decir que aquellas elecciones tuvieron un gran carácter independentista y gracias al apoyo de la CUP, JxSí ha logrado en los últimos meses poner en marcha la maquinaria independentista, primero con la celebración del referéndum del 1-O y con la aprobación de las denominadas 'leyes de ruptura'.

Hay quien dice que el referéndum es una especie de "excusa" del PDeCAT para que no se traten temas más importantes para los catalanes, como pueden ser el Caso Pujol, la corrupción del partido de la burguesía catalana o los recortes llevados a cabo por el Govern en Sanidad, Educación, Servicios Sociales contra el Estado de Bienestar y empeorando la calidad de vida de los catalanes. También se puede tomar esta estrategia política como una forma de continuar en el poder ya que los sondeos de unas nuevas elecciones hablan de una derrota histórica del PDeCAT y una importante pérdida de poder, incluso podrían perder el Govern. Sin embargo, son teorías que sobrevuelan el conflicto catalán.

¿Y cuál ha sido la actitud del Gobierno español durante todos estos años? Pues la del silencio, la negación y pasotismo. Desde 2014 hasta la actualidad, el Gobierno central, presidido por el Partido Popular, no ha hecho otra cosa más que mirar hacia otro lado con una actitud de desprecio y negación ante lo que estaba sucediendo en tierras catalanas. Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy estaban convencidos de que, en caso de no prestar atención ni tener en cuenta el movimiento independentista, la burbuja independentista se desinflaría... pues bien, nada mas lejos de la realidad. El efecto fue el contrario, el desafío independentista fue a más y el silencio del PP provocó que un mayor número de ciudadanos catalanes se sumaran a la causa independentista. La realidad es la que es en Cataluña y eso es innegable, por mucho que desde el Gobierno se hayan empeñado todo este tiempo en negar lo evidente: en Cataluña hay un movimiento y una ansia independentista que va a más y que hay que tener en cuenta. Y es que, en un país con mayor tradición democrática que España, la actitud del gobierno central hubiese sido totalmente opuesta. Sin embargo, ahora ya es tarde para el entendimiento y el diálogo entre las partes implicadas. Ya no hay tiempo para soluciones sensatas. El choque de trenes es inevitable.

¿Y, mientras tanto, qué papel juegan los partidos de la oposición y cual es su postura? Los principales partidos del Congreso de los Diputados, es decir, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, tienen posturas encontradas y diferentes formas de abordar el asunto. El PSOE apuesta por una reforma de la Constitución que permita convertir a España en un estado plurinacional, reconociendo la singularidad de Cataluña, sin embargo, para ello es necesaria la implicación del PP, a lo que se negaría rotundamente. Unidos Podemos está a favor del derecho a decidir sin embargo, no creen que esta sea la forma más correcta y Ciudadanos está en contra de la celebración del referéndum. Tanto el PNV como EH Bildu apoyan al pueblo catalán en su derecho a decidir aunque el PNV cree que la solución es un referéndum legal y pactado.

A menos de una semana de la probable celebración del referéndum, los argumentos de unos y otros son inútiles y no sirven para otra cosa más que para enturbiar y contaminar el ambiente y aumentar una crisis social y política de gran escala e inédita en la Unión Europea.

El Govern apela al mandato democrático del pueblo catalán y al derecho a decidir de los pueblos para llevar a cabo la celebración del referéndum y utilizar los resultados del 1-O como la única herramienta para luchar contra el Gobierno central y para exigir una posible independencia. Mientras tanto, el Gobierno apela al cumplimiento de la leyes y la Constitución -la celebración del referéndum es ilegal a ojos de la Carta Magna- y resalta el cumplimiento de la democracia y de la soberanía nacional del pueblo español. Mientras tanto, el ejecutivo de Rajoy se escuda tras la justicia sin hacer política para solucionar el conflicto y el Tribunal Constitucional ya ha declarado como inconstitucionales la celebración del referéndum y la Ley de Transitoriedad, entre otras, leyes aprobadas recientemente y de forma bastante dudosa en el Parlament que servirán como pieza clave en caso de declarar la independencia de Cataluña.

La situación se ha enturbiado tanto que actualmente, en Cataluña hay una grave crisis social entre los partidarios del 'sí' y del 'no', provocando situaciones incomodas en el día a día de la ciudadanía y agravando aún más todo lo que rodea al referéndum. Y mientras tanto, en el centro de todo este debate y confrontación, se encuentran aquellos catalanes que observan el asunto desde una posición neutral, sin posicionarse en un bando u otro e intentando evitar la polarización de la sociedad catalana. Se ha llegado a tal punto de crispación y desacuerdo que hoy en día, en el seno de la sociedad catalana y en la cotidianidad de los catalanes, se pueden apreciar las consecuencias del conflicto en familias y grupos sociales con puntos de vista encontrados y discusiones. La división de la sociedad catalana es evidente y palpable, siendo prudente en el sentido de que uno conocerá la situación mejor si vive en Cataluña. Obviamente, el pueblo catalán está en su derecho de decidir su propio futuro aunque muchos expertos están de acuerdo en que esta no es la forma correcta.

Mientras tanto, el Gobierno español así como las fuerzas de seguridad del Estado, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la ley, han llevado a cabo en las últimas semanas detenciones de altos cargos de la Generalitat implicados en la organización del referéndum, incautaciones de material electoral -se requisaron mas de nueve millones de papeletas- y se ha debilitado e inhabilitado gran parte del aparato logístico capaz de organizar correctamente un referéndum con garantías. ¿Cuál ha sido la respuesta del Govern y del pueblo catalán ante tales actuaciones políticas y judiciales? Manifestaciones, concentraciones y un llamamiento generalizado e internacional en favor del derecho a decidir y a votar.

Todos sabemos que lo más correcto hubiese sido dialogar y llegar a un punto de entendimiento con el ejecutivo de Rajoy para pactar la celebración de un referéndum con garantías y legitimidad. Si bien es cierto que el PP se negaría rotundamente por lo que es bastante imposible y además, sería necesaria una reforma de la Constitución para lo que es necesaria también la implicación del PP... Ahora ya es tarde.

Sin embargo, por mucho que desde el Govern la postura siga siendo la misma que hace unos meses, la realidad es que el referéndum va a carecer de garantías institucionales, jurídicas e internacionales e incluso, deberíamos dudar sobre si finalmente se va a celebrar o si finalmente, va a quedarse en una movilización ciudadana. Lo que sí está claro es que el 2 de octubre, Cataluña seguirá formando parte de España. El referéndum ya ha sido declarado ilegal y anticonstitucional, se han requisado gran parte del material que se iba a emplear en su celebración, se ha detenido a varios altos cargos encargados de su organización, el Gobierno ha asumido el control de las cuentas de la Generalitat y día tras días, las inspecciones e investigaciones sobre el 'procés' van a más, debilitándolo. Por otro lado, el referéndum carecerá de cualquier legitimidad y legalidad ya que será un referéndum sin apenas garantías: en primer lugar, no existe una Sindicatura Electoral -órgano responsable de la correcta organización de unas elecciones o referéndum-, estará organizado por funcionarios, se desconocen los lugares donde se podrá votar ni las consecuencias de quienes lo hagan. Asimismo, el Govern tampoco tiene bajo su control un censo actualizado y correcto de los ciudadanos llamados a las urnas -el censo es propiedad del Gobierno central y de la Agencia de Protección de Datos- y la Administración Central ha enviado a un gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad a Cataluña para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada dominical.

Por otro lado, también están las garantías internacionales del proceso. El Govern catalán apenas tiene apoyos internacionales en este proceso y ni la UE ni otros organismos internacionales apoyan la celebración del referéndum. En un hipotético caso, si Cataluña declarase la independencia, las consecuencias económicas serían nefastas: quedaría fuera del euro, fuera del Mercado Común Europeo, etc. Además, no tendría el reconocimiento de otros países y en caso de que los tuviera, el Gobierno español se encargaría de boicotearlos y vetarlos.

Llegados a este punto y ante la duda sobre si finalmente se celebrará el referéndum y los acontecimientos de los días siguientes, la realidad es que desde Madrid se ha ninguneado y no reconocido el movimiento independentista catalán. Uno no sabe a ciencia cierta como estará siendo la convivencia en Cataluña durante estos días, sin embargo, lo que está claro es que es necesaria la solución de este conflicto que va camino de adquirir grandes dimensiones. Quieran o no, si se quiere dar una solución con garantías y de forma sensata al pueblo catalán y al anhelo independentista, las partes implicadas -Govern y Gobierno central- están condenados a entenderse. Si se continúa optando por la vía del frentismo y la unilateralidad por parte del Govern y desde Madrid se hace oídos sordos a la situación que se está fraguando en tierras catalanas, las consecuencias no serán agradables ni para unos ni para otros.

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